Hoy en Revista Dosis

El gobierno de la provincia canadiense de Columbia Británica presentó hoy una demanda colectiva contra compañías farmacéuticas en un intento por recuperar los costos asociados a los problemas que genera la adicción a los opioides.

La reclamación fue interpuesta contra más de 40 compañías involucradas en la fabricación, distribución y venta al por mayor de opiáceos ante la Corte Suprema de ese territorio, uno de los más castigados de Canadá por una crisis de consumo de esas sustancias que dejó allí mil 399 muertes el pasado año y que a nivel nacional rondó las cuatro mil pérdidas de vidas humanas.

El gobierno alega que las compañías minimizan los riesgos de sus drogas cuando las anuncian a los médicos, especialmente cuando se trata de su potencial adictivo, lo que contribuye a la crisis de opiáceos.

Algunos legisladores opinaron que la administración federal debía buscar una compensación por tales gastos.

El país, segundo consumidor más importante de opioides después de Estados Unidos, afirma que los costos de atención médica a causa de las adicciones superó nacionalmente los mil millones de dólares canadienses (más de 774 mil millones de dólares estadounidenses) entre 2011 y 2016.

‘Los canadienses se enfrentan a un complejo problema de salud pública en el que todas las partes interesadas, incluida la industria farmacéutica, tienen un papel que desempeñar para proporcionar soluciones prácticas y sostenibles’, subrayó Health Canada en un comunicado de prensa.

“Ninguna cantidad de dinero de esta acción puede compensar la pérdida del hijo de alguien, la pareja de alguien o el amigo de alguien”, dijo Judy Darcy, ministra de Salud Mental y Adicciones, durante el anuncio sobre los pasos de los tribunales de Vancouver.

“Hoy estamos diciendo claramente que las compañías farmacéuticas deben asumir la responsabilidad de su papel y anteponer las vidas de las personas a las ganancias”.

En Estados Unidos, los fabricantes de medicamentos se enfrentan a cientos de demandas basadas en el supuesto de que las compañías desempeñaron un papel en la aparición de las adicciones y en una crisis de sobredosis que provocó el fallecimiento de 42 mil personas en 2016.

Purdue Pharma, una de las empresas mencionadas en la demanda del gobierno canadiense, negó haber cometido un delito.

“La crisis de los opiáceos es un problema de salud pública complejo y multifacético que involucra a los opiáceos con receta y, cada vez más, a los opiáceos producidos y consumidos ilegalmente, como se indica en el último informe de monitoreo trimestral de Health Canada”, dijo un comunicado de la compañía. “Todos los interesados, incluida la industria farmacéutica, tienen un papel que desempeñar para proporcionar soluciones prácticas y sostenibles”.

Purdue dijo que siempre ha obedecido las normas canadienses e internacionales sobre comercialización de medicamentos y sigue el código de ética prescrito por Innovative Medicines Canada, un grupo industrial para compañías farmacéuticas.

“Tenemos que anticipar que esto tardará un tiempo en resolverse”, dijo el fiscal de estado David Eby sobre la demanda, y explicó que espera que las empresas se defiendan “agresivamente”, pero que la provincia prevalecerá.

Matthew Herder, director del Health Law Institute de Dalhousie University en Halifax, dijo que una cuestión central del caso será cuánto sabían las empresas y sus asociados sobre el potencial del uso indebido de los analgésicos altamente adictivos y cuánto minimizaron ese riesgo. Dijo que hubo un litigio en los EE.UU. involucrando a Purdue y otras compañías donde se demostró que tenían conocimiento de esto y que el marketing no destacó esos riesgos.

Purdue dejó de hacer marketing de los opiáceos a los médicos y en general, se prohíbe la publicidad de medicamentos directos al consumidor en Canadá, pero Herder cree que podría ser demasiado poco y demasiado tarde.

 

Fuentes: Prensa Latina/CBC Canadá / COFA

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