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Mediante un comunicado, la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM) informó esta semana que en las provincias donde se decidió una suba de Ingresos Brutos para la venta mayorista de medicamentos, estos nuevos gastos serán trasladados al sector minorista, es decir, a las farmacias. La situación hace que los mostradores están obligados a absorber ese incremento, lo que en muchos casos prácticamente elimina la rentabilidad del sector, por lo que se piensan en medidas de fuerza para intentar revertir la situación. Este martes, en Neuquén, se decidió no atender PAMI, para protestar por la suba de la alícuota. En tanto, en Salta, se analizan posibles medidas de fuerza para intentar revertir el cuadro de situación. Una de ellas, admiten los farmacéuticos, es cortar el servicio de las obras sociales, por no poder sostener los gastos que eso implica. Las distribuidoras insisten en que no van a asumir el nuevo pago, y no tienen otra posibilidad más que trasladarlo a las farmacias. 

Luego de la protesta realizada en Neuquén, los farmacéuticos salteños podrían dejar de atender obras sociales como respuesta al traslado de la suba de Ingresos Brutos a la venta minorista. Según afirman, por esta situación las farmacias quedaron “entre la espada y la pared”, ya que tienen que hacerse cargo de la suba tributaria a las droguerías, llevando sus ganancias “a la mínima expresión”. Una de las soluciones que ven desde la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta y del Colegio de Farmacéuticos “es cortar la venta de medicamentos a los afiliados de obras sociales o que estas reduzcan las bonificaciones que les imponen a las farmacias”. Otra alternativa sería que el gobierno provincial dé marcha atrás con la suba en los ingresos brutos a las droguerías, pero desde el Ministerio de Economía descartaron de plano esa posibilidad. 

"De cada 100 pesos que se venden a través de una obra social, tres quedan para la farmacia y con el impuesto a las droguerías nos quedaría sólo uno", explicó en declaraciones periodísticas el vicepresidente de la Cámara de Propietarios Farmacéuticos de Salta, Francisco Puló. Dijo que esperarán una semana más para decidir si cortan las prestaciones a las obras sociales, ya que las farmacias deben asumir, de manera exclusiva, “una importante reducción en sus ganancias, sobre todo en las ventas a los afiliados de obras sociales”. “El problema que tenemos es que no lo podemos trasladar al público (al aumento), porque el precio del medicamento es el mismo en todo el país y con eso se firman todos los contratos de las obras sociales, nosotros no podemos aumentarlo porque sino las obras sociales no nos pagarían y esto nos generaría una complicación tremenda”, resaltó el representante farmacéutico. 

En diciembre pasado, la legislatura de Salta aprobó el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo para autorizar el pacto fiscal acordado entre las provincias y la Nación. Ese acuerdo, que entre sus metas incluía reducir impuestos distorsivos, dio lugar a establecer modificaciones en las alícuotas de Ingresos Brutos a varias actividades económicas. Hubo sectores beneficiados por una baja en las cargas tributarias, pero otros, como el comercio, la construcción y la salud, se vieron perjudicados porque se les aplicaron incrementos impositivos. Las droguerías fueron una de ellas. Algo similar sucedió en otras provincias, como Neuquén, mientras que en otras como Tucumán la suba se dio directamente en la actividad minorista. 

Ante esto, ADEM dijo que ante esta situación, se trasladará el pago adicional a las farmacias. “Con estas nuevas condiciones no es posible continuar con el aprovisionamiento a las farmacias, por las características de este sector, el impuesto es confiscatorio", sentencia el comunicado de la entidad. "Hemos hablado con gente de la provincia y no pueden modificar el impuesto que va a repercutir mucho en las obras sociales. Nosotros no somos los culpables", explicó el director ejecutivo de la ADEM, Oscar Aulicino, en una entrevista con medios salteños. Aulicino calificó de inviable al aumento, “para nosotros es imposible, inviable poder operar con esa alícuota, entonces lamentablemente nuestros clientes que son las farmacias, se han visto perjudicados por este tema. Porque obviamente tienen dos puntos menos de descuento que podíamos usar nosotros y eso les afecta muy notablemente. Ellos no lo pueden trasladar al público, porque el precio del medicamento no va a aumentar por esta situación”.

Fuente: Mirada Profesional

La semana pasada, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) informó cambios en la forma de girar los fondos del llamado Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), un mecanismo para financiar a las obras sociales sindicales. Ahora, antes de recibir las partidas, las entidades deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos declarar el números de afiliados, para que la AFIP –encargada de entregar el dinero –pueda calcular la cantidad exacta que le corresponde. La iniciativa se da en medio de la tensión creciente entre el gobierno nacional y los gremios, que incluye los duros cruces entre el propio presidente Mauricio Macri y el líder de Camioneros Hugo Moyano. La medida fue interpretada como una forma más de controlar el manejo de los millonarios fondos de la seguridad social, una forma de limitar el poder del sector. Además, generó nuevas dudas respecto del financiamiento de las obras sociales, y del manejo de los recursos del estado por parte de estas entidades. 

Con la publicación en el Boletín Oficial, la SSS obliga a las obras sociales a informar el total de afiliados del padrón de la población beneficiaria del SUMA, para calcular el dinero que deben recibir cada mes de parte de la AFIP. Según la resolución 19-E/2018, para establecer el número de afiliados de cada obra social para calcular la distribución del subsidio, “el área de Informática de la Superintendencia de Servicios de Salud remitirá el primer día hábil de cada mes a la AFIP el total de afiliados del padrón de la población beneficiaria y luego de efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos se determinará en forma inequívoca, la base de cálculo para la distribución de los Subsidios”. El informe oficial dispone que “se ha evidenciado variaciones en el sistema de distribución automática en lo relativo al SUMA y subsidio para mayores de 70 años (SUMA 70)”. Además, destaca que "en atención a que la ausencia de cotizaciones por parte de dicha población conforme imperativo legal, ha imposibilitado a esta Superintendencia la verificación de los beneficiarios adherentes voluntarios consignados en los padrones de los Agentes del Seguro de Salud". El SUMA es un subsidio que tiene por objeto complementar la financiación de las obras sociales, que se financia con el 5 por ciento de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones con destino a las obras sociales y al Fondo Solidario de Redistribución 

La medida se da en medio de la escalada de tensión entre los gremios y el gobierno nacional, que parece tener destino de ruptura. Además, puso en discusión cómo se financia la seguridad social, un sistema de aportes y reintegros dentro del sistema de salud, y que junto con la atención pública y la privada forman la red de atención del país. “En la actualidad, alrededor de un tercio de las personas se atienden en el sector público, las prepagas atienden entre un 7 y un 10 por ciento, y las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI cubren casi al 60 por ciento de la población”, señaló al portal Chequeado Daniel Maceira, investigador del CONICET y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). 

Las obras sociales se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3 por ciento de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5 por ciento. Según datos de la AFIP, en 2016 los aportes de empleados y empleadores destinados a la cobertura de salud sumaron 108 mil millones de pesos, un 33 por ciento más que en 2015. De ese total, entre un 80 y un 85 por ciento (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15 o 20 por ciento se destina al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este fondo tiene como objetivo principal el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR). Además, se encarga de subsidiar a las obras sociales más pobres para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud de la Nación. El Fondo se creó en 1980, está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud y se financia con una parte de los aportes y recursos del presupuesto nacional, entre otras fuentes. 

“La calidad del servicio de una obra social depende en parte de la naturaleza del empleo y del nivel salarial de sus afiliados, y en parte de la capacidad de gestión de los responsables de las obras sociales”, señaló Maceira. “Más allá de esto -concluyó-, no es la administración sindical la que determina una buena o mala prestación del servicio. Hay ejemplos de obras sociales sindicales bien administradas y con capacidad de gestión, y ejemplos en sentido contrario”. 

Fuente: Mirada Profesional