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El Senado sancionó este miércoles una nueva Ley de Vacunas, un proyecto de autoría del diputado tucumano Pablo Yedlin, con 60 votos positivos -unanimidad-. La iniciativa se trató sobre tablas y se votó en conjunto con otros proyectos.

La norma viene a reemplazar a la Ley 22.909, que data de la época de la dictadura militar, y actualiza la regulación para garantizar nuevos controles y darle al Estado la responsabilidad de mantener actualizado el calendario de vacunación y promover su efectivo cumplimiento.

La flamante ley declara a “la vacunación como de interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución y provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también su producción”.

Así, se establece la gratuidad en el acceso a los servicios de vacunación “con equidad social para todas las etapas de la vida”; la obligatoriedad de aplicarse las vacunas para para todos los habitantes; y la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular, entre otros principios.

Con la nueva norma, “todas las personas que desarrollen actividades en el campo de la salud que tengan contacto con pacientes” y quienes trabajen en laboratorios tendrán la obligación de tener actualizadas sus vacunas.

Otro artículo establece que “la constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, justifica la inasistencia laboral de la jornada del día de la aplicación”. “En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios por este concepto”, agrega.

El Calendario Nacional de Vacunación será requerido para trámites tales como el ingreso y egreso del ciclo lectivo; la realización de los exámenes médicos por trabajo; la tramitación o renovación del DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de conducir; y la tramitación de asignaciones familiares.

A su vez, se establece la creación de un Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, que tendrá los datos del estado de vacunación de todos los habitantes del país; y también un Registro Nacional de Vacunadores Eventuales.

Además, las vacunas sólo podrán ser aplicadas en establecimientos habilitados por la Secretaría de Salud.

Se fijan multas para los vacunadores que cometan infracciones, como negarse a aplicar una vacuna, falsificación del CUV, intención de cobrar por la aplicación de una vacuna o aplicar una vacuna en un lugar no habilitado.

Las sanciones, a aplicarse según el caso, son apercibimiento, multa graduable entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil; y la suspensión de hasta un año.

La nueva norma crea también la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva), que “publicará los efectos colaterales o indeseados de las vacunas”. Por último, se establece el día 26 de agosto de cada año como Día Nacional del Vacunador y se crea la figura del Vacunador Eventual.

FOTO: Comunicación HSN

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Con la sanción en 2013 de la ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida se duplicaron los tratamientos. Pasaron de 10 mil a 20 mil por año en el país, según Sergio Papier, presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva y director médico del Centro Privado de Medicina Genética y Reproductiva. En cinco años, se calcula que se hicieron 100 mil tratamientos con una tasa de efectividad de estos procedimientos de un 25%. De este detalle es que surge que son alrededor de 25 mil los niños que nacieron desde su entrada en vigencia.

La gran mayoría concretó el sueño de convertirse en madre o padre a través de una prepaga u obra social, que en la actualidad están obligadas a cubrir los tratamientos. Hay un 30% que sigue afrontando los altos costos y elige hacerlo en forma particular, dice Papier.

El sistema público es el menos desarrollado aunque hace alrededor de un año empezó a ganar impulso de la mano del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida de la Secretaría de Salud de la Nación, a cargo del especialista Nicolás Neuspiller. “Entre 2017 y 2018 se realizaron en el sector publico 1.312 consultas, 600 tratamientos de alta y baja complejidad y se lograron 66 embarazos”, detalló a este diario Neuspiller, quien asegura que ya hay 19 centros en los que se hacen tratamientos: en 16 de ellos, baja complejidad y en 3, alta y baja. Los que tienen las dos posibilidades están en Tucumán, Córdoba y Bahía Blanca. Y se está por incorporar un cuarto centro de alta dentro del Hospital de Clínicas, en Capital.

“No es fácil, hay lista de espera para los tratamientos de alta complejidad y la demora varía según la provincia. Con el aumento del dólar se nos complicó bastante la compra de insumos”, advierte el coordinador del Programa Nacional, quien asegura que, a pesar de ello, intentan avanzar para que cada vez más personas puedas acceder a la reproducción asistida en los hospitales.

Papier advierte que si bien aumentó el número de tratamientos, la tasa de embarazo se estabilizó. Esto, según él, tiene que ver con el desfinanciamiento de este tipo de procedimientos médicos que impacta sobre la calidad y, en consecuencia, sobre los resultados.

A pesar de esto dice que el balance es positivo: “Más allá de las cuestiones a mejorar, es una ley integral que realmente empezó a garantizar el acceso a los tratamientos”.

La norma no solo contempla problemas de infertilidad, que afectan a una de cada seis parejas en el mundo. Incluye a todas las personas que deseen tener un hijo, por su derecho reproductivo. De esta forma, quedan incorporadas las parejas del mismo sexo y las personas solas. La ley cubre hasta cuatro tratamientos de baja complejidad y tres de alta. El límite de edad de la mujer para la realización del tratamiento es de 44 años con óvulos propios y de 51 con óvulos donados.

En la Provincia de Buenos Aires, que es pionera en la materia, existe una ley para brindar cobertura desde diciembre de 2010, que luego se adaptó a la nacional. Desde su sanción, nacieron 403 bebés en hospitales y, en lo que va de este año, lograron 50 embarazos, según precisaron a Clarín desde la cartera de Salud bonaerense.

 

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